El Parlamento australiano aprobó una versión final de la legislación para obligar a Google y Facebook a pagar para vincular artículos de noticias. La adopción del código de negociación de los medios de comunicación marca el final de una controvertida negociación de meses entre el gobierno australiano y los dos gigantes tecnológicos, que se mencionan en el código.

Google y Facebook han argumentado durante mucho tiempo que no deberían tener que pagar un centavo para enlazar artículos de noticias porque los enlaces envían tráfico valioso a los sitios de noticias.

Durante la última década, Google ha tenido éxito en hacer retroceder los esfuerzos para socavar el principio de los enlaces gratuitos.

Pero en los últimos años, Australia y Europa se han vuelto más decididos a obligar a los gigantes tecnológicos estadounidenses a apoyar financieramente a sus industrias nacionales de la información.

La versión inicial de la ley australiana fue aún más agresiva, ya que no solo obligaría a los gigantes tecnológicos a negociar con los sitios de noticias, sino que también propuso un proceso de arbitraje en el que cada parte (un editor australiano y un gigante tecnológico, respectivamente) presentaría una propuesta y luego un árbitro independiente decidiría qué propuesta era más «razonable».

En enero, Google amenazó con cerrar su motor de búsqueda australiano si la ley entraba en vigor. La semana pasada, Facebook fue aún más lejos al impedir que los usuarios compartieran artículos de noticias australianos.

Mientras que Microsoft por su parte ha aprovechado la oportunidad para socavar a sus rivales, respaldando firmemente el enfoque australiano y apoyando el concepto de pagos por contenido de noticias.

Después de días de intensas negociaciones, Facebook y Australia llegaron a un acuerdo para salvar la cara.

Facebook ha acordado reactivar el intercambio de artículos de prensa a cambio de que el gobierno australiano permitiera a Facebook optar por no participar en el proceso de arbitraje forzoso si podía convencer al gobierno de que ya había «hecho una contribución significativa a la sostenibilidad de la industria de noticias australiana al concluir acuerdos comerciales con empresas de medios de comunicación».

Google y Facebook llegaron a acuerdos con empresas de medios australianos en un intento por demostrar que no se necesitaba una acción más coercitiva.

La ley revisada otorga a las empresas de tecnología un período más largo de lo normal para que puedan celebrar acuerdos voluntarios antes de verse obligadas a entrar en un proceso de arbitraje.

«A pesar de que los editores de noticias tienen un derecho conexo, es posible que no tengan la fuerza económica para negociar acuerdos justos y equilibrados con estas empresas de tecnología controladoras, que de otro modo podrían amenazar con retirarse de las negociaciones o abandonar por completo los mercados», dijeron en un comunicado

Si bien estos cambios fueron ganancias tácticas para Facebook y Google sobre la dura propuesta original de Australia, está claro que los gigantes tecnológicos han abandonado su posición anterior de que no deberían tener que pagar en absoluto. En este punto, parece poco probable que Google pueda resistirse a propuestas similares en los estados miembros de la UE, aunque es posible que obtengan algunos acuerdos diluidos en los bordes.

Finalmente, cabe mencionar que Canadá y otros países están considerando una legislación similar, mientras que Facebook y Google se apresuran a derrotar estas leyes al celebrar acuerdos voluntarios con agencias de noticias de todo el mundo.

Y es que en Europa, la reforma de derechos de autor de 2019 estableció notablemente un «derecho conexo» en beneficio de los editores y agencias de prensa. Se supone que esta medida les ayudará a cobrar por la captación de su contenido por parte de plataformas en línea y otros agregadores, compensando así el colapso de sus ingresos publicitarios tradicionales en beneficio de gigantes de Internet, como Facebook y Google.

Además de que los Estados miembros de la Unión todavía tienen hasta junio de 2021 para adoptar las leyes pertinentes relativas a esta reforma en su propio país.