Google no tendrá que vender Android. Ni tampoco Chrome. El juez ya ha tomado la decisión, y el titular de poder quedarse tanto con el sistema operativo móvil como con su navegador web, dos de sus activos más preciados, no puede sonar mejor.

Aun así, el fallo no deja a la compañía indemne. El tribunal impone límites estrictos a determinados acuerdos comerciales y obliga a abrir parte de la información de su buscador a rivales cualificados, con la vista puesta en reequilibrar el mercado de las búsquedas.

Qué ha decidido exactamente el juez en el caso de Google

El magistrado Amit P. Mehta ha descartado una de las sanciones más duras que se barajaban: no habrá desinversión de Chrome ni medidas para separar o «distanciar» a Google de Android; en otras palabras, no se exigirá vender Android ni trocear su ecosistema por monopolio.

El fallo también aclara que no se obligará a introducir pantallas de elección para que los usuarios seleccionen buscador o navegador al iniciar sus dispositivos, una petición que había estado sobre la mesa durante el proceso.

Con esta decisión, el tribunal opta por un enfoque de corrección de conductas y descarta la reestructuración del negocio, al tiempo que reconoce que Google mantiene una posición de dominio que exige remedios concretos.

Las medidas correctivas clave

En primer lugar, Google tendrá que compartir con competidores cualificados información esencial de su buscador, incluyendo partes del índice de búsqueda y datos de interacción de usuarios. El objetivo es facilitar que terceros puedan competir con mejores herramientas y bases de datos.

El acceso estará sujeto a requisitos y salvaguardas, y no abarca el sistema de publicidad de Google, que queda fuera del intercambio de información según el fallo. El juez busca promover competencia sin exponer activos especialmente sensibles del negocio publicitario.

Además, se prohíben los acuerdos de exclusividad que impiden la preinstalación de servicios rivales o la presencia de alternativas en dispositivos y navegadores. Se limitarán, por tanto, prácticas que hacían a Google el buscador o el navegador predeterminado por contrato.

Estas obligaciones estarán vigentes durante un periodo de seis años. Es un horizonte temporal relevante que da margen a que el mercado se reacomode y a que los reguladores evalúen si las reglas corrigen los desequilibrios detectados.

Impacto en Android, Chrome y los fabricantes

Para los fabricantes de móviles y desarrolladores de navegadores, el fin de las exclusivas abre la puerta a mayor diversidad de preinstalaciones y opciones de configuración predeterminada. Esto podría traducirse en más alternativas visibles al encender un dispositivo nuevo.

El ecosistema Android permanece bajo el paraguas de Google, pero deberá operar sin ciertas ventajas contractuales, en un contexto de convergencia entre Chrome OS y Android. Eso no implica desmantelar Android o Chrome, sino competir con menos ataduras impuestas a terceros.

Durante el proceso salieron a la luz pagos multimillonarios para asegurar que Google fuese la opción predeterminada en diversos dispositivos y servicios. Esas prácticas, según el juez, contribuyeron a una ventaja sostenida difícil de contrarrestar por los rivales.

La reacción de Google y el camino judicial

Sundar Pichai expresó su preocupación por el intercambio de datos al considerar que podría facilitar ingeniería inversa de la tecnología de Google. La empresa ha confirmado que presentará recurso, lo que podría demorar la aplicación plena de las medidas.

Aunque la compañía evita la venta de activos clave, se enfrenta a un marco de obligaciones que afectará a sus acuerdos comerciales y a la manera en que comparte información estratégica con terceros del sector.

Antecedentes y otras causas abiertas

El caso arrancó formalmente en 2020 y, tras años de litigio, en 2024 el tribunal determinó que Google mantenía monopolios ilegales en el mercado de las búsquedas en línea. La sentencia conocida ahora concreta los remedios para abordar esa situación.

Al margen de este procedimiento, la compañía sigue litigando en frentes como su tienda de aplicaciones —tras la victoria de Epic Games— y un caso de tecnología publicitaria en el que también se le acusa de mantener monopolios ilegales. El escrutinio forma parte de una campaña bipartidista más amplia en EE. UU. contra las grandes tecnológicas.

La combinación de estos procesos dibuja un escenario de vigilancia regulatoria sostenida, en el que los tribunales buscan remodelar incentivos sin necesariamente imponer rupturas empresariales.

La decisión judicial despeja el fantasma de una venta forzosa de Android o Chrome, pero pone a Google ante un conjunto de obligaciones que pueden reconfigurar el terreno de juego. Entre la apertura de datos, el fin de exclusivas y un periodo de seis años de supervisión, el mercado de las búsquedas y la distribución de software podría experimentar cambios visibles sin que el gigante tenga que deshacerse de sus piezas clave.