Desde que Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos, diversos funcionarios han hecho acusaciones contra empresas chinas por espionaje. Hoy, esas acusaciones adquirieron una nueva entidad debido a que la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) calificó a dos de ellas como «amenazas a la seguridad nacional».

En los últimos años, la FCC ha hecho propuestas contra Huawei y ZTE,  Bueno, ahora es oficial: la comisión ha aprobado una orden que declara oficialmente a los dos gigantes tecnológicos chinos como amenazas a la seguridad nacional de los Estados Unidos.

La agencia incriminó a las empresas como agentes del gobierno chino gracias a sus estrechos lazos políticos, la obligación legal de cooperar con operaciones de espionaje encubiertas chinas, las vulnerabilidades en su software y hardware de red que podrían permitir que los datos se dirigieran a Beijing, y sus transgresiones a las sanciones comerciales de EE.UU. contra Irán y Corea del Norte.

La declaración pone punto final a un proceso federal para excluir y purgar los productos de Huawei y ZTE de la red inalámbrica, especialmente en las regiones rurales. Los EE.UU. también están presionando a otros gobiernos, incluido el del Reino Unido, para que hagan lo mismo.

En noviembre, la FCC emitió una orden para evitar que los proveedores de servicios de comunicaciones domésticas reciban subvenciones del Fondo de Servicio Universal para comprar productos de Huawei y ZTE. La última orden básicamente consolida esa prohibición.

El Comisionado Geoffrey Starks, del opositor Partido Demócrata, declaró que estaba de acuerdo con la orden y está abogando para que el Congreso apruebe el otorgamiento de financiación a las empresas para reemplazar el equipo de red chino.

Por qué declaran a empreas chinas como amenazas

La Comisión Federal de Comunicaciones destacó que el fundador de Huawei, Ren Zhengfei, había sido director del Ejército Popular de Liberación de China (EPL), las fuerzas armadas de China. y que antiguos empleados de Huawei habían aportado pruebas que demostraban que Huawei prestaba servicios de red a una entidad que se considera una unidad de élite de la guerra cibernética dentro del EPL. También se tuvo en cuenta que Huawei recibió grandes subvenciones del Gobierno chino

Por otra parte, la FCC destacó que las leyes chinas obligan a sus empresas a cooperar con cualquier solicitud del gobierno chino para utilizar o acceder a sus sistemas de inteligencia y vigilancia.

Tampoco se cortan a la hora de calificar al gobierno del país oriental. En la documentación se habla de:

… lanaturaleza autoritaria de ese gobierno, la falta de suficientes controles judiciales y su historial de espionaje industrial.
El Gobierno de China está sumamente centralizado y ejerce un fuerte control sobre las entidades comerciales en su esfera de influencia, lo que permite al Gobierno, incluidos los organismos estatales de inteligencia, exigir que las entidades del sector privado de las comunicaciones cooperen con las solicitudes del Gobierno, incluida la revelación de información sobre los clientes y el tráfico de la red .

Las demandas de esa información podrían presentarse en forma de presión jurídica, como en el caso de la Ley nacional de inteligencia de China, o en forma de presión política extralegal ejercida mediante el control de la financiación de subvenciones, los sindicatos de empleados o las amenazas y/o la coacción.

La resolución contra ZTE, publicada en un documento separado podría ser un copy paste ya que los argumentos son los mismos. Salvo que ZTE tiene vínculos gubernamentales más estrechos.

ZTE tuvo su origen en el Ministerio Aeroespacial, una agencia gubernamental china, y es propiedad en parte del gobierno chino. Más aún, ZTE sirve a un híbrido de «necesidades comerciales y militares», y gran parte de su propiedad está en manos de empresas estatales. Por otra parte, la ley china exige que exista un Comité interno del Partido Comunista.

En el año 2018 ZTE se declaró culpable de violar las sanciones de los Estados Unidos al enviar aproximadamente 32 millones de dólares de bienes estadounidenses a Irán y obstruir la investigación del Departamento de Justicia. También se declaró culpable de participar en una conspiración de varios años para suministrar, construir y operar redes de telecomunicaciones utilizando equipos de origen estadounidense en violación del embargo comercial de los Estados Unidos contra Irán, y de cometer cientos de violaciones de las sanciones de los Estados Unidos relacionadas con el envío de equipos de telecomunicaciones. Además, la empresa aceptó haber hecho declaraciones falsas y obstruyó la justicia al crear un plan elaborado para evitar la divulgación de información al Gobierno de los Estados Unidos y engañarlo.