Tor Project ha publicado su informe de transparencia anual y hay datos que llaman la atención. Por ejemplo, los 2,5 millones de dólares recibidos por parte del Gobierno de Estados Unidos, una subvención dirigida a apoyar el desarrollo de este proyecto clave en el ámbito de las tecnologías de privacidad y anonimato en Internet. La suma supone el 35% de su financiación, lo cual da pie a cuestionar el grado de influencia que pueda tener un patrocinador de este calibre, el mayor que tiene Tor de acuerdo a sus propios datos.

La subvención se canaliza a través de diferentes agencias federales que financian proyectos de investigación y desarrollo en materia de ciberseguridad y se destinará a mejorar componentes del ecosistema Tor, incluyendo el rendimiento de la red, la resistencia frente a la censura y la seguridad de los usuarios frente a técnicas de vigilancia cada vez más sofisticadas, incluidas las propias del Gobierno estadounidense. Esto es lo más curioso del asunto, no se puede negar.

Sin embargo, Tor no es un proyecto marginal, por más que pudiera parecerlo. Su tecnología de enrutamiento es utilizada a diario por periodistas, activistas, defensores de derechos humanos y ciudadanos que necesitan proteger su identidad en entornos donde la libertad de expresión está amenazada. También es una pieza habitual en investigaciones académicas y en estrategias de ciberseguridad, tanto civiles como institucionales. Cabe recordar que Tor nació con financiación del Gobierno estadounidense, antes de convertirse en un proyecto independiente y sin ánimo de lucro… tal y como ha sucedido con otras tecnologías ampliamente utilizadas a día de hoy por todo el mundo.

Ahora bien, tampoco se puede negar que en la última década el tema de la vigilancia gubernamental se ha incrementado a niveles antidemocráticos —las revelaciones de Edward Snowden en 2013 marcaron un punto de inflexión en este sentido— y que, al frente de la misma, destaca sobremanera el gobierno estadounidense. ¿Cómo casa una cosa con la otra? Esta inyección económica llega en el momento más delicado y no solo por Estados Unidos, ya que todos quieren su parte del pastel de los datos: gobiernos, empresas, redes criminales…

Lo cierto es que, precisamente la presión regulatoria, el auge de la vigilancia masiva y el debilitamiento de herramientas tradicionales de protección hacen que redes como Tor cobren aún más relevancia, no solo por lo que ofrece, sino por cómo lo ofrece: Tor funciona como software libre, con desarrollo abierto y auditable, y su gobernanza no depende de un único patrocinador, aunque este sea de especial relevancia. El resto de la financiación se reparte entre empresas (21%), fundaciones (18%), donaciones (15%), otros gobiernos (7%) y otros (1%).

En resumen, una noticia llamativa sobre una información que conviene conocer, pero nada fuera de lo normal. Difícilmente podrían sobrevivir los proyectos de software libre más conocidos sin el dinero de gobiernos y empresas… y eso los incluye a todos sin excepción, porque incluso aquellos que son viables por sus propios medios, dependen de otros que no lo son. Ahí radica la importancia del código abierto, única garantía de que el software hace lo que dice y no otra cosa.

Para más datos acerca de la financiación de Tor Project, el informe de transparencia que acaban de publicar.

En otro orden de cosas, a finales de octubre se publicó Tor Browser 15, la última versión del navegador web para usuarios finales. Unos meses antes anunciaron el desarrollo de oniux, una tecnología de aislamiento de aplicaciones para Linux.

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