La Xunta de Galicia ha cerrado un acuerdo con Microsoft que incluye la implantación de Office 365 para el próximo curso en los centros educativos de la Comunidad. Una implantación que afectará a más de 280.000 alumnos y 28.000 docentes, sobre la que el sector gallego del software libre ya ha emitido queja y un comunicado de desaprobación.

Según cuentan en Galiciapress, el despliegue de la solución de productividad en la nube de Microsoft será gratuito, pero se da después de cerrar un gasto en compra de licencias de software de 13,5 millones de euros y los actores contrarios al mismo denuncian que ambos movimientos estarían «claramente vinculados desde el punto de vista de la planificación».

La Xunta y Microsoft extenderán asimismo su colaboración a los 27 centros públicos gallegos en los que se imparten ciclos de Formación Profesional de informática y telecomunicaciones, donde la compañía no solo impondrá su software, sino que proporcionará formación especializada a los docentes.

Con la Asociación de Empresas Galegas de Software Libre (AGASOL) a la cabeza, más de una decena de organizaciones relacionadas con el software libre en Galicia han firmado un comunicado en el que instan a la Administración a «derogar el acuerdo firmado con Microsoft por ser perjudicial para la sociedad gallega«.

Los perjuicios a los que se refieren van como suele ser habitual más allá del gasto y se enfocan en la dependencia tecnológica, la obstaculización en la implantación de estándares abiertos en las administraciones públicas y la pérdida de oportunidades para el sector regional. Se trata, además, de un cambio de criterio que contradice la apuesto por el software de código abierto llevada a cabo en los últimos años.

«Invitamos al Departamento de Educación y al AMTEGA (Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia) a tener tantas reuniones como sea necesario para salvar la implementación de tecnologías libres», reclama el sector del software libre gallego en su comunicado.

«La inversión en software privativo para la enseñanza coloca a los estudiantes de vocación tecnológica en una migración forzada y, por lo tanto, apoya el terrible proceso de descapitalización que sufre Galicia, además de detener el desarrollo del tejido empresarial tecnológico local», sostienen.

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