El formato abierto ODF (Open Document Format) ha cumplido dos décadas este 2025 y a estas alturas ha sido adoptado, al menos sobre el papel, por una buena parte del mundo. Instituciones supranacionales como la OTAN o la ONU lo utilizan o recomiendan; la Comisión Europea lo promueve activamente; y hay países, regiones y organismos que han llegado incluso a prohibir el uso de otros formatos abiertos, pese a no ser estándares reales, como OOXML.

Sin embargo,  una cosa es la teoría y otra muy distinta la práctica. Esa es precisamente la lectura que hace Italo Vignoli en el blog de The Document Foundation, donde da un repaso a la adopción del estándar abierto en el que lleva trabajando desde hace más de una década y que en los últimos tiempos ha reforzado con la ayuda de herramientas de inteligencia artificial. El resultado: muchos compromisos, muchas recomendaciones… y no tantos cambios reales como cabría esperar.

Una de las claves está en la presión que ejerce Microsoft para mantener el statu quo, y es que se calcula que OOXML genera unos 25.000 millones de dólares al año, señala Vignoli. Es de suponer que se refiere a la venta de licencia de Microsoft Office, lo cual genera una incógnita: más allá del uso de un formato u otro… ¿Microsoft Office es la referencia del segmento solo por inercia y presión, o por ser la mejor? Cabe recordar que el común de los usuarios puede usar la suite de Microsoft de manera totalmente gratuita y muchos otros usuarios pueden hacerlo pagando licencias OEM muy económicas.

Sea como fuere, es un hecho que parte de la estrategia del gigante del software para proteger este nicho de negocio incluye desde campañas de desinformación hasta lobbies que minan la voluntad de las administraciones públicas de adoptar formatos realmente abiertos, como se ha demostrado en diferentes ocasiones a lo largo del tiempo. Las consecuencias están claras: pérdida de control sobre la información, problemas de interoperabilidad y una dependencia directa de las decisiones comerciales de un único proveedor.

No obstante, las iniciativas en favor de ODF no son pocas y en Europa tenemos algunos de los casos de éxito más destacados a este respecto. Países como  como Bélgica, Finlandia, Francia, los Países Bajos, Eslovaquia, Suiza y Reino Unido han formalizado de una u otra forma su apuesta por el estándar. Donde más se ha avanzado, sin embargo, es en Alemania, llegando a fijar incluso una hoja de ruta concreta para la adopción de ODF como formato por defecto antes de 2027. Y en otros, como Italia, se llega a prohibir el uso de OOXML en la administración digital, aunque en la práctica rara vez se cumplen estas disposiciones.

La última noticia en este sentido apunta a Dinamarca, donde apostarán por Linux y LibreOffice en favor de la soberanía tecnológica.

También menciona a España Vignoli, al menos en comunidades como Andalucía y Extremadura, si bien tenemos ejemplos más contundentes del uso, si no específicamente de ODF, sí de LibreOffice, como sucede en las escuelas públicas de la Comunidad Valenciana, donde se usa LliureX de manera generalizada, con todo el programario asociado a esta distribución.

Otros ejemplos más allá del viejo continente nos llevan a América, donde Brasil lo ha convertido en estándar desde 2010 y lo aplica a todos los niveles de la administración federal; Uruguay y Venezuela también han hecho lo propio y en Argentina la iniciativa de adopción habría llegado al menos a la provincia de Misiones. En Asia destacan India y Taiwán, con implantaciones en el sector educativo y gubernamental. Y en África, Sudáfrica lo incluye en su política de interoperabilidad. Incluso la OTAN exige a sus miembros el uso de ODF para el intercambio documental.

Pero la historia no está exenta de retrocesos. Uno de los casos paradigmáticos es el del Principado de Mónaco, que en 2013 migró 15.000 escritorios a Linux y LibreOffice, adoptando ODF como formato oficial. La experiencia fue positiva en lo técnico y en lo económico, pero la presión política -impulsada por el lobby de Microsoft, sí- acabó tumbando parte del proyecto en 2017.

Así las cosas, el problema no es tanto de base técnica o normativa, sino de voluntad real. La de aplicar lo ya aprobado, pero también la de resistir las injerencias que impiden el avance de modelos más sostenibles, neutrales y alineados con el interés público, sostiene Vignoli. Porque si ODF ya está adoptado en el papel, falta hacerlo en los hechos. Ahora bien, hasta qué punto puede una administración pública remar contracorriente empresarial, es una duda que no se va a resolver pronto.

La entrada OpenDocument: adopciones que suman, dependencias que restan y algunas incógnitas es original de MuyLinux